COLIMA, Col., 12 de octubre de 2020.- Este lunes, a través de un video dado a conocer en las redes sociales, mujeres priistas, líderes del ámbito político y público del estado, impulsan la Ley Quemón, para combatir la violencia contra las mujeres.

En el video, señalan que la violencia contra las mujeres va en aumento, ya que en 2019 se registraron más de mil feminicidios y más de 200 mil carpetas de investigación por violencia familiar.

Además ahí se detalla que la violencia doméstica contra la mujer aumentó un 60 por ciento durante la pandemia, y lo más lamentable que estos actos de violencia quedan impunes en un 99 por ciento.

Esta Ley pretende crear el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales, para que quien sea condenado por un delito de agresión sexual sea registrado en una base de datos pública que podrá ser consultada por todas y todos, con finalidad de proteger a mujeres, niñas y niños.

Este registro será como el Registro Público Vehicular, que permite a las personas consultar el status legal de un vehículo y así evitar la compra y venta de vehículos robados.

Con el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales por ejemplo, las escuelas podrán consultar fácilmente los antecedentes de una persona antes de contratarla y así proteger la seguridad de niñas y niños o, por ejemplo, las mujeres podrán consultar si un hombre tiene antecedentes de agresión sexual antes de comenzar una relación sentimental y así evitar riesgos.

También se propone crear el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios, para evidenciar a los padres que no paguen la pensión de sus hijos. Su funcionamiento será como un Buró de Crédito, que limitara su acceso a trámites como préstamos y ejercerá una presión adicional para que cumplan con sus responsabilidades.

Finalmente es de mencionar que con esta Ley, tanto el Registro Público Nacional de Agresores Sexuales y el Registro Público Nacional de Deudores Alimenticios serán públicos, para que cualquier persona los pueda consultar, y están hechos para prevenir e inhibir las conductas violentas y conlleva un proceso agilizado, que ponga primero los derechos de las víctimas, las mujeres y los niños.

Con información de PP.