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Café al momento / Noemí Herrera

Noemí Herrera / Quadratín Colima
 
| 24 de agosto de 2017 | 7:35
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Financiamiento público

El económico, siempre será un tema que debe ser tratado con gran cautela en cualquiera de las esferas en que se desarrolle, no quedando excluido de este tratamiento cuidadoso el aspecto que involucra los recursos públicos destinados a los partidos políticos; de lo cuales un amplio segmento de la sociedad cuestiona en función de la pertinencia o no de esta prerrogativa a la cual acceden las organizaciones partidistas.

El pasado viernes 18 de agosto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proyectó los montos de financiamiento público para los actores políticos en el 2018, los cuales ascienden en términos generales a más de seis mil millones de pesos, cifra que ha trastocado el punto sensible de una sociedad con una extensa cantidad de necesidades que no ve cubiertas, de ahí que resulte oportuno hacer una revaloración en cuanto al origen y monto que por este concepto reciben los partidos.

Es indudable que el tema del financiamiento público instaurado de manera formal en nuestro país en 1977 ha sufrido un avance evolutivo en cuanto a la forma de distribución y sobre todo de fiscalización; pasando de un otorgamiento discrecional, sin montos mínimos, ni máximos, hace 40 años; a una fórmula de proporcionalidad en dos vías, con un 30% distribuido en forma igualitaria y un 70% en función a los votos obtenidos en la última elección de diputados federales, esquema que es aplicado hoy en día.

El hecho de que los partidos políticos reciban financiamiento, se debe en gran medida al papel que desempeñan en la vida democrática de nuestro país, así como a la naturaleza jurídica de que gozan, la cual se encuentra en nuestra Constitución General, al brindárseles el carácter de “entidades de interés público”, cuyos fines están elevados a rango constitucional, de ahí la garantía que reciben desde la norma para contar de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

Desde luego que el ámbito electoral es un área inacabada; basta recordar cómo hasta antes de 2007 la compra de tiempos en radio y televisión era una práctica constante de partidos y candidatos, y es un tema superado; o la casi imposible concepción de una democracia moderna sin la presencia de los partidos políticos, hecho que se vio rebasado en 2014 con las inclusión de las candidaturas independientes.

Sin embargo, en el punto preciso del financiamiento, la equidad es un elemento que no debemos perder de vista, de ahí que cualquier valoración que se genere en aras de un nuevo mecanismo de distribución del dinero público, tendrá que cuidar el carácter equitativo que debe imperar en su aplicación como parte de un aspecto que contribuye a la legitimación de un sistema electoral que transparenta y fiscaliza los recursos que se otorgan a cada partido político.