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Foto: Especial

Café al momento / Noemí Herrera

Noemí Herrera / Quadratín Colima
 
| 28 de septiembre de 2017 | 7:35
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Mecanismos de participación ciudadana

El pasado cuatro de agosto, fue presentada ante la Presidencia del Instituto Electoral del Estado una solicitud para llevar a cabo un plebiscito, siendo este uno de los mecanismos de participación ciudadana que contempla la ley respectiva en nuestra entidad; toda vez que en Colima desde el año 2000, contamos con una norma que regula la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito; además del presupuesto participativo incorporado mediante una reforma en el año 2015.

De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de nuestro estado, el plebiscito es el proceso de consulta directa a la ciudadanía con el propósito de que exprese previamente su aprobación o rechazo a la realización de una obra de beneficio colectivo, o a un acto o decisión de los Poderes Legislativo o Ejecutivo, o bien de los Presidentes Municipales, que sean considerados como trascendentales para la vida pública de la entidad en su conjunto, o de los municipios; quedando estipulado y delimitado en la propia Ley el procedimiento para acceder y ejecutar dicha práctica ciudadana.

El hecho de que se establezcan reglas para implementar un ejercicio de esta naturaleza, obedece al estado de derecho en el que nos encontramos inmersos todos quienes conformamos este país, quedando incluida la población que da vida a las instituciones como parte formal del Estado.

El día de ayer, atendiendo una resolución del Tribunal Electoral local, el Consejo General del IEE se pronunció sobre dicha solicitud, la cual en ningún momento se focalizó sobre la obra, acto o decisión que pretende ser consultada, por el contrario los esfuerzos se centraron en atender un interés de la ciudadanía por formar parte activa de los asuntos que le afectan o que pudiesen considerarse de trascendencia en su entorno público; hecho que celebramos, más allá de acordarse en el pleno sobre la incompetencia como autoridad administrativa para atender la solicitud en los términos planteados.

Es indudable que esta determinación va acorde con la legalidad con que imperan las acciones que se toman al interior del órgano superior de dirección del Instituto Electoral; garantizando que todos los actos y resoluciones que se emiten se sujeten invariablemente a lo previsto en nuestro marco legal.

Desde luego que no pasa desapercibido el tema de derechos humanos como parte de las peticiones invocadas por los solicitantes, elemento que fue explorado en términos de control constitucional y que como parte de la generación de certidumbre jurídica a toda la gama de derechos humanos, es una competencia que recae en el ámbito jurisdiccional.

Existe tarea por efectuar, principalmente en la esfera legislativa, en donde se deben de buscar las vías para hacer más accesible a la ciudadanía, el ejercicio real de las formas de participación ciudadana; nuestra ley actual, si bien goza de vigencia jurídica, se encuentra rebasada por una sociedad que denota un interés genuino por lo público.