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Café al momento / Noemí Herrera

Noemí Herrera / Quadratín Colima
 
| 08 de febrero de 2018 | 7:45
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Topes de gastos de campaña

Las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general, cualquier evento que realicen quienes ostentarán una candidatura en el presente proceso electoral o los voceros de los partidos políticos o coaliciones participantes, con la finalidad de promover el voto entre el electorado, encuadra en el concepto de campaña electoral; las cuales para el caso del proceso local en nuestra entidad, se llevarán a cabo del 29 de abril al 27 de junio del presente año.

La dinámica propia de una campaña implica un comportamiento intenso en el que las y los titulares de una candidatura exponen su imagen y propuestas al electorado a través de los diversos medios de comunicación política, lo cual desde luego implica una erogación financiera que pudiera ser determinante en el resultado de una elección.

En nuestro país, a nivel federal, desde el año de 1993, se establecieron los topes de gastos de campaña, con la finalidad de regular la equidad en la contienda; al establecerse límites máximos a los egresos efectuados en las actividades de esta índole.

Sin embargo en Colima, fue hasta 1996, con el decreto que dio vida al Código Electoral del Estado, que se señalaron por primera vez los topes para gastos de campaña, fijándose para la elección celebrada en 1997; en esta ocasión, 21 años después de la primera aplicación en nuestro estado, el pasado 31 de enero el Consejo General del Instituto Electoral, determinó los montos de los gastos de campaña para las elecciones de cada uno de los 10 municipios y los 16 distritos electorales uninominales de la entidad; mismos que son el resultado de multiplicar el número de electores inscritos en el padrón electoral respectivo, por un tercio del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $80.60.

Si bien desde en la legislación de 1996 se señalaron sanciones para los casos en que se excedieron los topes acordados, la reforma constitucional del año 2014 introdujo un nuevo elemento a ser considerado dentro del sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en el caso de que se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, y que esto sea acreditado de manera objetiva y material; de ahí la relevancia que a partir de esa reforma reviste el tema de los límites fijados por las autoridades administrativas electorales.

Con la determinación de los topes, se establece que los gastos que efectúen los partidos políticos, coaliciones, sus candidatas y candidatos, así como los titulares de candidaturas independientes en propaganda electoral y actividades de campaña no podrán rebasar las cantidades preestablecidas; teniendo presente el sistema de fiscalización a que se sujetan los ingresos y egresos dentro del sistema electoral, basado en los principios de transparencia y rendición de cuentas; mismo que le corresponde atender al Instituto Nacional Electoral.

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