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Cafe al momento / Noemí Herrera

Noemí Herrera / Quadratín Colima
 
| 22 de marzo de 2018 | 15:15
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Intercampaña

Los tiempos que marca la legislación en materia electoral entre el fin del período destinado a la realización de los procesos internos de los partidos políticos y el relativo a promocionar a las personas que ostentaran una candidatura mediante actos de campaña, han generado una serie de cuestionamientos sobre las actividades que se pueden llevar a cabo en ese lapso, sin violentar lo establecido en la normatividad vigente.

En este sentido, es importante precisar la concurrencia electoral en las esferas federal y local, en donde fueron homologadas algunas fechas con la finalidad de estandarizar –en la medida de lo posible- periodos de culminación de ciertas etapas, entre ellas la relativa a las precampañas; terminando en ambos casos la verificación de éstas el pasado 11 de febrero.

Tras esta fecha se genera un espacio que se ha identificado como “intercampaña”, en el que si bien se contemplan los plazos destinados para la presentación de las solicitudes de registro para los diferentes cargos de elección popular y la aprobación de las mismas; queda un espacio de 46 y 76 días antes del arranque formal de las campañas; las cuales en el ámbito federal darán inicio el próximo viernes 30 de marzo, mientras que en el local, se llevarán a cabo a partir del 29 de abril; concluyendo en los dos supuestos, tres días antes de la celebración de la jornada electoral, es decir el 27 de junio.

Este período de “intercampaña” que algunos empezaron a identificar como “silencio electoral” fue claramente visible con la suspensión de propaganda personalizada de las y los precandidatos en los medios de comunicación; apareciendo a partir del 12 de febrero mensajes genéricos institucionales de los partidos políticos. Sin embargo, se suscitó una controversia respecto a la posibilidad de que aquellos que aspiraban a una candidatura pudieran participar en entrevistas, mesas redondas o debates en medios de comunicación; resolviéndose finalmente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios, mismos que favorecen la formación de una opinión pública, característica que se debe privilegiar en una sociedad democrática.

Es importante destacar la relevancia que el tribunal otorga a los derechos de expresión e información, los cuales al ejercerse en un debate o entrevista no implican necesariamente un posicionamiento con una finalidad electoral o un llamado directo y claro al voto, en virtud de que también a través de estas herramientas de comunicación pueden atenderse temas de interés general.

Desde luego que este tipo de resoluciones impactan no sólo a los partidos políticos y sus precandidatas o precandidatos, sino que garantiza de igual forma la libertad de expresión de quienes llevan a cabo mediante la tarea periodística, la labor de ser formadores de opinión, situación que enarbola una parte esencial de todo sistema democrático.