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Foto: Especial

Café al momento / Noemí Sofía Herrera

Noemí Sofía Herrera / Quadratín Colima
 
| 17 de marzo de 2017 | 8:34
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Lógica institucional

La evolución histórica de las instituciones electorales en México ha venido avanzando a un ritmo acelerado en las últimas cuatro décadas; es así que a partir de la gran reforma política impulsada por Reyes Heroles en 1977, con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, comúnmente llamada LOPPE, se dio la apertura a la representación proporcional y se reguló a los partidos políticos a nivel constitucional; en ese momento en el ámbito jurisdiccional, se contemplaba la posibilidad de interponer un Recurso ante la Suprema Corte; sin embargo fue en 1987 cuando siendo Presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, que se da la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, a la par de la promulgación del Código Federal Electoral; respondiendo de esta manera a los requerimientos que se suscitaron con motivo de los litigios electorales de la época, dejando de manifiesto la voluntad genuina de delimitar desde el ámbito del derecho, las controversias lógicas que se originan en la esfera político-electoral; dicho organismo se transformó en el año de 1990 a Tribunal Federal Electoral, identificado coloquialmente como TRIFE.

Casi 20 años después, en 1996 se da otra reforma sustancial en la materia, la cual introdujo la ciudadanización de las autoridades administrativas electorales, y la creación de un Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, acompañado de una Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; disposiciones que fueron armonizadas en las entidades federativas, por lo que a partir de esa fecha se cuenta con organismos electorales ciudadanizados y tribunales locales encargados de dirimir los conflictos surgidos en el terreno electoral.

La lógica generada desde la gestación del sistema electoral en el que nos encontramos, nos ha permitido apreciar con la naturalidad propia que impone el sistema, la actuación interrelacionada de los diferentes órganos que lo integran; asumiendo como parte de la dinámica cotidiana para la toma de decisiones, el enriquecimiento que brindan las resoluciones jurisdiccionales recaídas en los diferentes temas que atienden; situación que se ve acentuada en nuestros días, en virtud de que nos encontramos inmersos desde el año 2014 en un Sistema Nacional Electoral, que busca el fortalecimiento de las elecciones federales y locales en su conjunto, lo cual se dio a la par de la estandarización de criterios en cuanto a la integración de los tribunales locales y la ampliación de atribuciones al de la esfera federal, persiguiendo con esas modificaciones la correcta aplicación de las disposiciones constitucionales y legales.

La autonomía que reviste cada organismo sigue vigente, las instancias administrativas y jurisdiccionales juegan un papel irremplazable en el engranaje electoral, cada una desempeña las funciones para las cuales fueron creadas, en donde los principios de la materia electoral, son los ejes rectores en cada uno de los actos que se celebran; el mantener la apertura a las distintas interpretaciones que las instancias juzgadoras emitan, nos permitirá transitar hacia una más rápida consolidación democrática que cimiente con firmeza el andar de las instituciones.