Se agradece constatar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) goza de cabal salud. Pese a la tentación sexenal de seguir escondiendo bajo la alfombra los datos que incomodan a la gestión gubernamental, hay servidores públicos comprometidos con la transparencia. Porque de otra manera ni nos enteramos que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) saldrá tres veces más caro que lo calculado inicialmente, es decir, como era de esperarse saldrá más caro el caldo que las albóndigas.

Hay que decirlo, la gestión del oaxaqueño David Colmenares Páramo ha venido cumpliendo de manera escrupulosa con el mandato del organismo de vigilancia del Congreso, que lleva 20 años de ejercicio aunque arrastrando el estigma de revisar las cuentas del gobierno pero sin dientes, es decir, sin facultades para sancionar a quienes no cumplen las normas en el manejo de los recursos públicos.

Por eso se sintió como una brisa de aire fresco el informe que entregó el auditor superior al Congreso correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta pública 2019.

Sin decirlo, la ASF abonó a reconocer el trabajo de los organismos autónomos que nos hemos dado como sociedad en las últimas décadas, hoy duramente aporreadas por uno de los poderes de la Unión que parece añorar los tiempos del absolutismo y la opacidad.

Un punto que hay que reconocerle a la ASF es que echó por tierra el mito que arrastró por muchos años, de ser la tapadera de las decisiones y acciones que al gobierno le gustaría mantener en las sombras.

Orejas de elefante blanco

Al proyecto aeroportuario de este sexenio le están saliendo orejas de elefante blanco. A muchos nos cimbró el informe de la ASF en el que estimó que el costo total de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), será “por lo menos” de 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos y no de 100 mil millones de pesos que estimó inicialmente la SCT.

Subrayamos el “por lo menos” porque podría ser mucho más. Tan solo en el año del estudio, en 2019, ya se habían pagado 163 mil 540.7 millones de pesos, el 49.3 por ciento del total y falta más de la mitad.

Todavía falta que se paguen los bonos en circulación y sus respectivos intereses, “generados a partir de 2020” y cuyos vencimientos comienzan en el año 2026, así como los contratos pendientes de liquidación, los costos legales derivados de asesorías, 41 juicios de amparo, un juicio contencioso administrativo y 2 demandas de arbitraje internacional.

Aclaramos que no lo dice el informe de la ASF, pero en términos reales la reconversión de la base militar Santa Lucía en el Aeropuerto Felipe Ángeles será el más caro de la historia.

Habrá quien diga que no es lo mismo, pero una decisión llevó a la otra.

Haga cuentas, el Aeropuerto Felipe Ángeles costará unos 75 mil millones de pesos y sí le sumamos lo que el gobierno pagará por la cancelación del NAIM, la decisión presidencial tendrá un costo acumulado de casi 400 mil millones de pesos.

La ASF echó luz donde se veían sombras.

Tan sólo para este 2021 el proyecto del Aeropuerto General Felipe Ángeles, que pretende convertirse en Aeropuerto Internacional, tiene previsto disponer de 21.3 mil millones de pesos de presupuesto. Más lo que se acumule.

Enigmas por resolver

El amplio informe de la ASF también da cuenta de que el proyecto del Tren Maya avanza sin un plan maestro definido. Y si en 2019 ni FONATUR ni Fonatur Tren Maya acreditaron un modelo ejecutivo y menos un modelo financiero para identificar el esquema de financiamiento y las posibles obras y servicios por contratar, mejor ni hablamos de los estudios de impacto ambiental, el cual apenas se presentó el 1 de junio del año pasado y de manera parcial.

Mientras la polémica de los impactos ecológicos continúa, el Tren Maya tiene un presupuesto estimado para 2021 de 36.2 mil millones de pesos.

En las tinieblas

Por si fuera poco, la ASF examinó las operaciones de Dos Bocas y detectó que hubo pagos por 75.5 millones de pesos fuera de la norma, es decir, no corresponden lo pagado y lo ejecutado. Parece poco, pero no debe ocurrir.

El proyecto de Dos Bocas es el que más recursos tiene destinados en el presupuesto federal, antes del Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, este año dispondrá de 45 mil millones de pesos. Además, la ASF registró no sólo los bochornosos episodios de la Conade en los que realizó pagos por varios millones de pesos sin presentar la documentación que los acreditara; también puso el ojo en los pagos por casi 400 millones de pesos que realizó el CONACYT por Becas y otros bajo el rubro del Sistema Nacional de Investigadores, también sin documentación que los justificara. Y el colmo, que la Secretaría de Cultura pagó en 2019, 720 millones de pesos sin que se acreditara la recepción de bienes y servicios que originaron esos pagos. Como si nadie fuera a darse cuenta.

Qué nos cuesta ser transparentes y manejar la información con claridad.

Columnómetro de Aquiles Baeza.

1.- Así ve la ASF las expectativas del país para este año. “Entre los factores que pudieran dificultar el cumplimiento de las metas macroeconómicas en 2021 se encuentran un eventual incremento de los contagios de Covid que limiten la recuperación de la actividad productiva del empleo, un deterioro de la posición financiera de Pemex, aumento en la volatilidad financiera internacional y menores flujos de inversión”. ¡Zas!

2.- El martes la mayoría en la Cámara de Diputados pretende aprobar a ciegas la contrarreforma eléctrica.

Apenas en noviembre se conoció un reporte que mostró a la CFE como una empresa que no es rentable ni competitiva. Será como echarle dinero bueno al malo.

3.- En la matrushka… Un reporte de la organización civil Impunidad Cero registró el uso de medicamentos como el Midazolam (sedante utilizado antes de los procedimientos de intubación) en una Clínica del ISSSTE, proveniente de Letonia y rotulado en ruso, pero sin etiquetado en español como lo manda la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y la Norma 072 de etiquetado.

Autoridades del ISSSTE deben aclarar si autorizaron o no este medicamento sin contar con este requisito sanitario, todo sea por evitar mayores riesgos a la salud de los mexicanos.