El espectáculo, la presentación del octogenario obispo Onésimo Cepeda Silva como pretendido candidato a diputado plurinominal en el Estado de México en plena Pascua de Resurrección y portando su anillo episcopal fue una escena difícil de ver.

A primer golpe de vista, la preocupación obvia fue respecto a lo que las leyes, tanto la católica como la del Estado mexicano, tienen que decir sobre la participación partidista de un ministro de culto.

Pero el problema es otro.

Sobre la ley y las instituciones: el escenario nunca fue el propicio para que Cepeda pudiera participar a sus anchas por la diputación.

Sus hermanos obispos se deslindaron de toda acción política del ministro porque “no consta” que haya pedido dispensa a la Santa Sede para participar en política partidista y al parecer el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, fue tajante con Cepeda: si proseguía con la candidatura, sería reducido canónicamente.

Desde el Estado mexicano, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe expresamente que los ministros de culto sean votados para puestos de elección popular o desempeñen cargos públicos a menos que se separen “formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo”.

Cepeda no había cesado como ministro de culto; al menos no formalmente.

Cepeda, abogado de corazón, hubiera podido sin problema combatir los márgenes legales y canónicos para justificar su posición y conservar la ventaja como lo ha hecho en el pasado. Sin embargo, persiste una sensación incómoda sobre el caso del obispo emérito de Ecatepec tensando la ley para meterse a político.

No sólo tiene que ver con el largo historial de polémicas que acompañan al exbanquero y ministro religioso cuyos pleitos públicos van desde afirmar que se justifica la muerte de 500 personas para continuar un proyecto aeroportuario o el vergonzoso episodio del denunciado fraude con el que el obispo se enajenó una cuarentena de obras de arte valuadas en 130 millones de pesos a través de un sospechoso pagaré presuntamente firmado por una socialité antes de morir.

En realidad, de estos episodios, se pueden llenar muchas páginas. Y no, tampoco el episodio resulta incómodo para el partido político que lo invitó a postularse no sólo con nula expectativa en que Cepeda aportara algo a su agenda política ni al escenario social mexiquense sino porque su nominación es una intensa contradicción con los cientos de spots donde su presidente, Gerardo Islas, asegura a voz impostada que el partido no incluirá entre sus candidatos a políticos que agredieran política, verbal o sexualmente a ninguna mujer.

Cepeda, recordamos, llamó ‘gallina’ a la que fuera jefa de gobierno capitalino, Rosario Robles; y durante la conferencia de prensa de la presentación del obispo como precandidato al menos llamó ‘loca’ a una reportera y menospreció la profesión de otra. La fallida nominación, por tanto, parece que sólo quiso emplear la vieja estratagema mediática del escándalo para poner en el escenario a un partido político muy lejano del conocimiento popular.

La verdadera incomodidad sucedió fuera del circo político, una piedra de molino que tuvo que tragarse la Iglesia católica mexicana frente a la vorágine noticiosa causada por uno de sus ministros, aún más, por uno de sus obispos.

Hace años, escuché de un cardenal la anécdota de un pontífice que mandó estudiar la posibilidad de aumentar la edad de retiro (actualmente 75 años) para los obispos. Un cardenal emérito le dijo al Papa que personalmente había vivido su retiro como una bendición: orando más, celebrando con más libertad, viviendo y enseñando el Evangelio sin las preocupaciones del gobierno ni la administración diocesana.

En 2012, cuando pregunté a Onésimo qué iba a hacer en su retiro, su respuesta fue simple: Dar la vuelta al mundo. No fue un decir, enumeró las ciudades y la ruta de su viaje que duraría por lo menos un año.

Entre estos dos obispos retirados, se entiende, hay una distancia grande en la pasión personal por convertir, enseñar y santificar que deja mal parado al miembro de la jerarquía mexicana. Y una imagen de esta frivolidad daña, quizá sin merecerlo del todo, al resto de sus hermanos.

Sin embargo, esta vez Onésimo fue aún más lejos: afirmó en conferencia que dejó sus responsabilidades ministeriales hace más de una década; aunque no haya pedido dispensas al Vaticano ni solicitado a Gobernación lo removiera de su registro.

Siguió perteneciendo al colegio episcopal; tuvo su asiento reservado para la reunión con el papa Francisco en 2016; celebró, apenas en agosto pasado, la Eucaristía con todos los ornamentos episcopales para conmemorar sus bodas de plata como obispo.

¿Qué creyó, entonces, que significaba ‘dejar el ministerio’? ¿Al dejar el gobierno, abandonó su vocación para enseñar la Palabra y consagrar al pueblo de Dios? Como sacerdote y obispo, ¿en verdad vivió apasionadamente esa misión?

Y, si acaso no, ¿por qué se encumbró con tal facilidad en la Iglesia mexicana?

Al final, como todo espectáculo difícil de ver, el episodio duró poco.

Onésimo lo habría pensado mejor y no renunciará al episcopado por las lentejas de una diputación local. Al parecer, nadie perdió en esta ocasión: ni el Estado mexicano con sus leyes prohibicionistas que quedan incólumes, ni el partido con su fallida nominación que ganó un día en la prensa.

Se quedan allí, sin embargo, sendos comunicados institucionales de la Iglesia católica mexicana y de la diócesis de Ecatepec intentando salir indemnes de la exhibición de atrocidades; quizá los únicos que tomaron en serio el asunto, quizá los únicos que están desconcertados tras haber creído que era verdad una farsa en escena.