Autodefensas, la otra crisis en Guerrero

Un recuento no necesariamente preciso sitúa en 23 el número de grupos de autodefensa ciudadana creados en Guerrero en los años recientes y hasta la semana pasada, lo que ha llevado al gobernador Héctor Astudillo a declarar que ese fenómeno es ya un asunto de seguridad nacional.

Astudillo se refería al caso particular de los grupos surgidos recientemente en la Sierra, y su posición al respecto se deriva de que esas policías “responden a intereses no precisamente de la generalidad de la población”, como dijo el 14 de noviembre.

Pero su señalamiento es aplicable a casi todas las policías ciudadanas activas hoy en Guerrero, que no resuelven la inseguridad, pero sí agregan nuevos problemas en las comunidades donde se asientan.

Asombra y alarma la forma tan fácil con que se integran esas corporaciones, como si aparecieran de la nada, y la semana pasada se dio el caso de una que surgió como reacción al despliegue de otra en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande.

Todas están bien armadas y cuentan con cientos de integrantes.

El 4 de diciembre se dio a conocer la formación del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), con la participación de grupos de una decena de municipios de la Sierra y de Tierra Caliente.

Esta coalición reportó contar con siete mil integrantes, que casi iguala el número de agentes de la Policía Estatal.

Una de sus primeras acciones fue política y consistió en desacreditar al obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, quien con más buenas intenciones que habilidad había tratado de dialogar y apaciguar a las fuerzas de la delincuencia organizada en la Sierra, lo que le atrajo la acusación de que en realidad apoya a una de las bandas criminales que operan en esa zona.

Es verdad que en la Sierra se manifiesta hoy con crudeza la distorsión que afecta a las fuerzas presuntamente ciudadanas, pero el caso que mayor preocupación suscita es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación que por sí sola tiene una capacidad de movilización y poder de fuego igual al de todas las demás juntas.

En este momento la UPOEG tiene presencia en la Costa Chica, en la periferia de Acapulco, en Tlapa –a donde llegó en septiembre pasado–, en la Sierra y ahora en Petatlán. Nació hace cinco años durante el gobierno de Angel Aguirre Rivero –que le brindó un gran respaldo financiero– y nada sugiere que el ex gobernador haya abandonado la relación que mantuvo con el líder de la organización, Bruno Plácido Valerio.

El episodio más reciente en el que está involucrada la UPOEG es la toma de la sede de la policía municipal de Petatlán el pasado 11 de diciembre, donde está autodefensa desarmó a 46 agentes y declaró al municipio territorio suyo, como lo ha hecho incontables veces desde hace cinco años por todas partes.

A esta fecha la situación en Petatlán ya está desactivada mediante la intervención de la Policía Estatal, la Policía Federal, el Ejército y la Marina, pero muestra con nitidez el desafío que representa en Guerrero la proliferación descontrolada de grupos de presunto origen ciudadano que se escudan en esa condición para asumir el control de los municipios y de las carreteras.

En el caso de la UPOEG, su extenso historial de abusos contra la población y las decenas de asesinatos que ha cometido desmienten su pretendido carácter popular.

También lo desmienten el arsenal con que cuenta, que no hace mucho Plácido Valerio calculaba en mil armas, y el enturbiamiento de las aguas que produce a su paso.

Se trata de un auténtico grupo paramilitar al servicio de intereses desconocidos, que se mueve por prácticamente todo el estado y que coloniza y desestabiliza regiones enteras.

La cautelosa declaración de Héctor Astudillo sobre el problema de las autodefensas de la Sierra comprensiblemente se quedó corta, pues no sólo no responden a los intereses de la población –las autodefensas provocaron la reciente ola de desplazamientos en esa región–, sino que en la realidad en muchos casos son grupos aliados al crimen organizado, lo que explicaría que cuenten con armamento abundante y de alto poder.

Por todo lo anterior, y como asunto de seguridad nacional, es de suponer que el tema de las falsas policías comunitarias y las autodefensas ciudadanas postizas fue colocado por el gobernador de Guerrero en la agenda de seguridad del nuevo gobierno federal.

Pues representan una crisis dentro de la crisis de seguridad que existe en Guerrero, y en lugar de ayudar a recobrar la paz entorpecen y obstaculizan la estrategia contra la delincuencia organizada.

Así era en el sexenio anterior, y lo seguirá siendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mientras no se asuma que las autodefensas no son ya parte de la solución, si es que alguna vez lo fueron, sino parte del problema en Guerrero.

Y adiós al 2018 Esta columna se tomará un receso y regresará en enero. Mis mejores deseos a los lectores, con el ánimo de que la prosperidad tan buscada y la astuta, reacia y elusiva felicidad ahora sí aguarden a todos al entrar al próximo año.

Aunque sean materias cada vez más difíciles de encontrar, reincidamos en esa interminable búsqueda. Después de todo, quizás sea en la búsqueda donde cobra vida el objeto deseado. Dicho no con pesimismo, sino con fe y esperanza.

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