COLIMA, Col., 13 de julio de 2020.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió las controversias constitucionales de los estados de Jalisco y Colima para impugnar la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Es de mencionar que el pasado 2 de julio, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó una controversia constitucional contra los recientes acuerdos en materia de energía eléctrica emitidos por la Secretaría de Energía (Sener) del Gobierno Federal y el Centro Nacional de Control de Energía.

El mandatario colimense consideró que las políticas y regulaciones establecidas por el Gobierno Federal son contrarias a la Constitución, debido a que “bloquear las energías renovables no beneficia al país y sólo acelera el cambio climático, que atenta en contra del medio ambiente y la salud pública”.

Esta controversia será atendida por el Ministro Luis María Aguilar, quien reiteró suspensiones para congelar dicha política, tal y como hizo en controversias promovidas por el estado de Tamaulipas y por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

En el caso de Colima, el Ministro también suspendió todos los efectos y consecuencias del Acuerdo de 29 de abril del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), por el cual se pretendió bloquear la interconexión de nuevas centrales eólicas y solares al SEN.

Tanto la Política de Sener como el Acuerdo de Cenace han sido suspendidos también, desde mayo pasado, por los dos jueces especializados en competencia económica, como parte de amparos promovidos por decenas de empresas de energías renovables.

Los gobernadores del llamado G8 en reunión sostenida en Colima había acordado presentar controversias constitucionales en la materia.

Se basan en una invasión de Sener a las facultades locales en materia de protección al medio ambiente, mientras que Cofece sostiene que la Política de Nahle se entromete en su esfera de atribuciones como órgano regulador en materia de competencia y libre concurrencia.

Ante ello, el ministro Luis María Aguilar admitió a trámite las controversias constitucionales que interpusieron los gobiernos de Jalisco y Colima en contra de la política eléctrica de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

En su momento, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, argumentó que con dicho acuerdo, el gobierno federal “le cerró la puerta a las energías limpias y con ello comprometió el futuro ambiental de México y el mundo”.

Aunadas a éstas, los gobiernos de Tamaulipas, así como por el municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, y por la Comisión Federal de Competencia Económica.

A este último organismo, el ministro Aguilar ya concedió una suspensión para que se detengan todos los efectos y consecuencias del acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.