COLIMA, Col., 8 de octubre de 2020.- A nombre de un grupo de 17 diputados, la diputada Lizet Rodríguez, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para reformar el artículo 240 BIS del Código Penal local, con la finalidad de reconocer y no limitar el derecho fundamental a la libertad de expresión en la entidad.

A través de un comunicado de prensa, se da a conocer que en sesión ordinaria, la legisladora explicó que se propone derogar el referido precepto normativo, con el objetivo de garantizar un intercambio de ideas e información en el Estado de Colima y, con ello, proteger tanto la comunicación a otras personas de los propios puntos de vista, como el derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás difunden.

Manifestó que la iniciativa tiene como objetivo maximizar el derecho a la libertad de expresión en el Estado de Colima, protegiendo a los periodistas de cualquier amenaza, multa o sanción de la cual pudieran ser objeto por la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de noticias vinculadas con hechos delictivos y procedimientos penales; garantizando que la sociedad pueda acceder libremente a la información.

Es de recordar que a través del Decreto 280 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el sábado 20 de junio de este año, se adicionó el artículo 240 BIS al Código Penal local, estableciendo un nuevo tipo penal; éste establecía que la persona que indebidamente difundiera, entregara, revelara, publicara, transmitiera, etcétera, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho delictivo, se le impondrían de 3 a 6 años de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Ante esas consideraciones, mencionó que es evidente, que el 240 BIS era una restricción indebida, desproporcionada y arbitraria al derecho fundamental a la libertad de expresión, “afectando, principalmente, la labor periodística; puesto que criminaliza la difusión, publicación, transmisión, videograbación, filmación y reproducción de materiales como fotografías, vídeos, audios o documentos relacionados con la comisión de un delito o de un procedimiento penal, a través de cualquier medio de comunicación”.

La iniciativa fue presentada a nombre de las diputadas Guadalupe Berver, Remedios Olivera, Rosalva Farías, Gretel Culin, Alicia Meza, María Sánchez, Mayra Villalvazo, Isabel Martínez, así como los diputados Rubén Cervera, Fernando Antero, Francisco Rodríguez, César Farías, Guillermo Toscano, Ángel Sánchez, Fernando Escamilla, Rogelio Salinas, y Julio Anguiano.