COLIMA, Col., 18 de octubre de 2021.- La gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, precisó que en el proceso de entrega recepción se han detectado acciones amañadas o irregulares, ejemplificando que el gobierno del estado pretende vender las instalaciones de la ex Zona Militar y que es algo que no permitirá porque es patrimonio de las y los colimenses, demás que la deuda del gobierno del estado se ha incrementado de 8 mil millones de pesos a 11 mil millones de pesos.

Vizcaíno Silva denunció que se dieron cuenta que mediante un proceso amañado pretenden vender los terrenos de la exzona militar, cuyo valor es de 400 millones de pesos, pero no se sabe si quieren venderla en partes o en su totalidad.

Explicó que en caso de darse esta venta no es necesario que la apruebe el Congreso del Estado debido a que está a nombre de un Organismo Público Descentralizado (OPD), es por eso la preocupación.

Además, dijo se están encontrando algunas otras irregularidades, por lo que hace un llamado a funcionarios públicos y particulares a que no realicen actos ilegales que puedan caer en responsabilidades administrativas, pero sobre todo penales.

Resaltó que han identificado un adeudo que asciende a 11 mil millones de pesos, esto, a pesar de que se lleva apenas alrededor del 50 por ciento de avance en el proceso de entrega-recepción; y “donde seguramente están intentando corregir y adecuar las cosas”.

Al informar los avances del proceso de entrega-recepción, Vizcaíno Silva detalló que si bien hace dos semanas se tenía identificada una deuda de alrededor de 8 mil millones de pesos, a la fecha es de 11 mil millones de pesos.

Dijo además, que tienen información de que la semana pasada intentaron llevar a cabo una reunión de un comité del gobierno estatal para en un proceso amañado, sin cumplir con los tiempos que marca la ley, para vender la ex zona militar, donada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Están intentando de última hora vender para poder cubrir boquetes financieros. También sabemos que está un proceso en el que se quiere entregar un terreno, propiedad del gobierno del estado en El Colomo, en Manzanillo, para hacer un pago al Ipecol”, señaló.

Expuso que también detectaron el desmantelamiento de la planta recicladora de residuos sólidos en Tecomán, pues trasladaron todo el equipamiento y la maquinaria al espacio del manejo de residuos sólidos de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, concesionado a un particular.

Aunado a lo anterior, indicó que de último momento y a quemarropa, se pretende crear un fideicomiso que garantice el pago de las labores del manejo de residuos sólidos que se hace en ese espacio, que pretende que cada mes tenga un fondo de reserva de 4 millones de pesos, a costa de las y los colimenses.

También advirtió que se pretende otorgar en concesiones a particulares un espacio en Palacio de Gobierno para que funcione como cafetería, así como la alberca olímpica de la Unidad Deportiva Morelos.

Recordó que en el caso del Palacio de Gobierno, la remodelación no ha concluido; mientras que en el de la alberca olímpica, esta no se hizo con recurso público, sino de particulares y a través de un proceso para que en vez de que este recurso se pagara como impuestos a Hacienda, se quedara en el estado para convertirse en infraestructura deportiva de alto rendimiento.

Por otro lado, advirtió que estarán revisando las solicitudes que se tienen ante el Ipecol para la jubilación de tres personas que tienen apenas entre 40 y 46 años, pues no cumplen con los requisitos para jubilarse.

Anunció que en días pasados intentó sesionar el órgano que toma las decisiones del C5i para con un documento prefechado, que pretendían pasar por documentación del mes de septiembre y comprometer el ejercicio de un recurso público que aún no ha llegado al estado por casi 160 millones de pesos.

Ante todo lo anterior, hizo un llamado al gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, para que se abstenga de continuar con estas acciones “que perjudican los bienes y las propiedades de las y los colimenses, porque se tiene una gran desconfianza del manejo que se pueda hacer de esas decisiones y de los recursos que se puedan recibir de las mismas”.

“Al gobernador le exigimos que cese de intentar vender el patrimonio de las y los colimenses; desde aquí le decimos que vamos a investigar y realizar las acciones legales en contra de los funcionarios que dañen y vendan el patrimonio de las y los colimenses, pero también de los particulares que sean cómplices y compren dicho patrimonio”, sentenció.